Buscan frenar la ley de teletrabajo en el Senado

El proyecto que ya cuenta con media sanción de Diputados tuvo un primer freno en la Cámara Alta.

 La oposición no acepta el texto y algunos miembros del propio oficialismo se muestran esquivos.

 El G6 organiza la resistencia y arrastra a organizaciones de medianas empresas bonaerenses a la disputa.

El proyecto de ley que regula el teletrabajo tuvo un fugaz paso por la Cámara de Diputados, donde fue aprobado sin mayores inconvenientes por el Frente de Todos, al tiempo que contó con el apoyo de todo el arco sindical. Sin embargo, en la comisión de Trabajo y Previsión Social del Senado encontró algunos palos en la rueda, tanto dentro del propio oficialismo como en la oposición y en sectores fuertes del empresariado.

Dentro del Frente de Todos, nada menos que el jefe de los senadores, José Mayans, puso un freno a la iniciativa. "Si vemos que lo que hizo Diputados no nos conforma, tenemos el derecho como cámara revisora. Vamos a sacar una conclusión y vamos a tener en cuenta los aportes que han hecho los senadores de la oposición para tratar de sacar la mejor ley", apuntó.

Desde la oposición, la senadora de Juntos por el Cambio Gladys González pidió no "obstaculizar en el afán de regular" y centró la crítica en el punto de la reversibilidad. El proyecto aprobado en Diputados dice que el trabajador tiene la potestad de decidir si vuelve a modalidad presencial, lo cual despertó críticas en la oposición. "Poner un plazo para la reversibilidad es razonable, para que el empleador pueda organizarse", razonó González.

Por fuera del ámbito legislativo, el bloque empresario G6 –integrado por la Unión Industrial (UIA), la Sociedad Rural (SRA), las cámaras de Comercio y de la Construcción, la Bolsa de Comercio y la Asociación de Bancos Privados de capital argentino (ADEBA)– sentó posición en un comunicado público: manifestó una "profunda preocupación" por el proyecto y apuntó a que no hay necesidad de regular la modalidad.

El G6 reconoció que "el teletrabajo es una potente modalidad que la Argentina necesitará promover", pero advirtió que no fueron escuchadas las voces de la oposición y del empresariado, al tiempo que el tratamiento "se apresuró sin fundamento", ya que la ley entraría en vigencia 90 días después de finalizada la cuarentena.

Sin embargo tanto la UIA, como sus entidades miembros CESSI y FEBA-ADIBA, como la CAME participaron en las comisiones de la cámara de diputados y aportaron para que se le dé media sanción a la ley. Parece que las entidades bonaerenses, de muy buen diálogo con Axel Kicillof, ahora se están preparando para resistir en el Senado.